boomerang...

(t3.preservice.org)

La corrupción abusa de valores fundamentales

Libertad, derechos humanos, pluralismo y tolerancia son, más allá de toda duda, valores que debemos defender, pero con lucidez.
Con lucidez, digo, porque la experiencia de otros países y la nuestra, nos advierte que esos derechos suelen ser abusivamente usados y llegan a convertirse en escudos del crimen, de connotaciones económicas de un cierto peso, transformándose en un boomerang que atenta contra la existencia misma de los derechos de los demás al impedir la pesquisa, prueba y represión de ilícitos financieros. Pensemos sólo en el secreto bancario, a modo de ejemplo. Esto es importante a la luz de los comentarios que hemos venido haciendo sobre abusos de la ley, del poder y de la fuerza económica ligada a la corrupción más trascendente.

Lucidez para defender la libertad y los derechos fundamentales de todos

La lucidez a la que aludo, para diagnosticar el fenómeno criminal que hoy nos concierne en modo más trascendente, es compleja. Sólo puede decantarse en procesos históricos: económicos, sociales y, en definitiva, culturales, que van caracterizando el modo de ser del hombre en cada tiempo de su andar por esta tierra. Y la decantación no sólo es lenta por su propia naturaleza, sino que, además, se ve desviada por orientaciones de los distintos grupos de interés, que se expresan en fuerzas de lobby y en los medios de comunicación social. Pensemos en la avalancha de noticias diarias sobre robos y asaltos o micrográfico y en la respuesta urgida de las autoridades en resolver “ese” sectorial problema, el de la delincuencia de los marginales sin prestar igual atención a los crímenes de la influencia que nos corroen literalmente como país. Los discursos medial, político y legislativo son coincidentes en esa ceguera. El asunto conocido como CORFO–Inverlink, o el caso Riggs, o las sociedades de pantalla en paraísos fiscales y penales, no dan aún en nuestro país para una política pública decidida de prevención y defensa frente a este tipo “emergente” de modernos delitos, ni mucho menos dan para especiales instancias o ministerios.

Estimo que tal insensibilidad traerá daños, como ha ocurrido en países tan culturalmente desarrollados como España e Italia, los cuales ya desde hace algunos años recorren la senda del debate sobre delitos socio económicos e ilícitos financieros nacionales y transnacionales, y sobre sus nexos con la corrupción y el destino mismo del Estado.

Tal falta o carencia está, precisamente, en el campo de acción del Estado, en su política o no política criminal para la mejor tutela del Bien Común, y en el campo de la producción de sus normas jurídicas, las que se deben imponer (desde el exterior) a cada individuo como protocolo actual y atinado de la salvaguardia del interés social.

Con la corrupción, ¿quien pierde?

(www.aderlapalma.org)
No hay novedad, pierden los de siempre…

Les anticipé en el blog pasado que la corrupción –en mi opinión y en la más autorizada de varios—nos hacer perder cosas cuantificables: casas, servicios públicos de calidad, hospitales… y, claro, también perdemos la oportunidad de dotar a esos servicios de modo suficiente y a la altura de los tiempos y de la tecnología. Por ejemplo, con un gasto público mayor, consultorios alejados sin capacidades quirúrgicas ni de mayores alcances (que cubren más del 60% del territorio nacional) podrían devenir en establecimientos a la par de los de primer nivel, sólo focalizados en los grandes asentamientos urbanos y, por lo demás, pocos. Más allá del faltante de casas y centros médicos aludida, también son pobres las escuelitas públicas, su construcción, su dotación y su logística. Creo que pocos hemos visto buses amarillos para los niños de los márgenes territoriales y sociales de nuestro país: se les ve caminando, en las horas en que la luz también es pobre, por las orillas de los caminos, expuestos a todo percance; además, de tanto en tanto, hasta se les reducen las raciones de alimentos disponibles, muchas veces la única comida razonable de su día.

La pobreza en la calidad y la cantidad de los servicios públicos impacta, como es natural, a los más abandonados de la mano de la fortuna y a los habitantes de los lugares aislados. Ni los pobres ni los aislados tienen una alternativa que no dependa del apoyo subsidiario y solidario del Estado y por lo tanto del gasto proveniente de la caja fiscal, la misma que se ve “mermada” por los actos corruptos. Pero el país crece y casi es rico, y tiene excedentes, ¡que ironía de los asuntos de gestión económica!

Bueno, aparte de las razones propias de la ciencia económica (en las que no incursiono aunque algo he oído de que no se puede poner a circular más dinero pues se generaría inflación y, por eso, sólo propongo algunos gastos en equipamientos y cosas que se pueden comprar en el extranjero), debemos preocuparnos de la contribución a la pobreza social y a la desigualdad jurídica que otorga, por su lado propio, la corrupción. La corrupción crea mecanismos clandestinos e indebidos de traspaso del haber público a la caja de ciertos privados, vía fraudes tributarios y arancelarios; comisiones indebidas (vulgares coimas); sobrepago de bienes o servicios privados o su opuesto, la subvaloración de las cosas públicas; regalos y otros mecanismos ingeniosos que el espíritu no ético y de lucro es capaz de inventar con fluidez inagotable, recurriendo a complicadas arquitecturas financieras y, generalmente en el mundo moderno, con el apoyo de personas jurídicas de pantalla nacidas para delinquir o ya existentes y de despiste.

En definitiva, en este capitulito:

La corrupción, a la postre, lesiona a los más débiles.

Quien pierde es el Bien Común, material por lo ya esbozado y espiritual, porque toda corrupción tiende a estimular comportamientos análogos. Los expertos dicen que es “criminógena”.

Hay, en el fenómeno llamado corrupción, deterioro de la igualdad jurídica y, además, de la certeza y de la seguridad que son propias de un Estado de Derecho, pues imponen atajos y arbitrios secretos en beneficio de alguno y en perjuicio de otros, o de todos los demás. La corrupción, con sus exclusivos beneficiarios clandestinos, llega a perjudicar a la reina del mercado: la libre competencia, pues algunos corren aceitados mientras otros están inocentemente anclados en falsas apariencias.

Lo anterior obliga a definir adecuadas acciones contra el fenómeno corrupto en todas sus múltiples expresiones, tantas, como la “pillería” y los artificios tecnológicos e intelectuales puedan elucubrar. El rol supervisor y fiscalizador del Estado es una necesidad dinámica, que debe estar acorde con los tiempos.