domingo, agosto 07, 2005

La verdad procesal...

Debemos probar los hechos no admitidos ni notorios. “Los hechos que pueden probarse sine tergiversatione no requieren prueba. Tampoco se prueban las normas jurídicas ( excepto las consuetudinarias ya las extranjeras) ni la “máximas de experiencia”.
La prueba tiene tres centros de atención: los motivos de la prueba o prueba de las razones que producen convicción en el Juez, como lo afirmado por un testigo ocular; los medios de prueba, que en caso sería el testigo; y los procedimientos probatorios que es la ruta que pone al juez en contacto con los medios de prueba, la considera y llega a una convicción sobre ella.
La verdad que da fundamento a las resoluciones judiciales no se identifica con la verdad de los hechos, aunque esté determinada por ellos y vaciada en formas probatorias. No corresponde a las vivencias emotivas ni intelectuales de los protagonistas ni a las del juez, y debe fundarse en cimientos ajenos al dolor, más allá de la ira. Por lo mismo en la sociedad contemporánea no son llamadas –ni bienvenidas-- las partes como realizadoras de la justicia penal, la que será desproporcionada o sesgada y probablemente violenta.
En las sociedades evolucionadas hacia un Estado de Derecho se concentra en el Estado el poder punitivo correspondiente a la responsabilidad penal de cualquier sujeto al que le sea atribuible y reprochable la comisión de un delito. Los ciudadanos se desarman y se someten al veredicto de un tercero: el juez. Los procesos reemplazan a la fuerza. Y si bien en muchos aspectos la autocomposición prevalece o es posible, no lo es en la materia penal, por la reserva legal y de principio de la nulla poena sin juicio previo, sin debido proceso acompañado de todas las garantías relacionadas y conocidas por nosotros, consagradas en el Derecho Internacional y en el artículo 19 de la Constitución Política de Chile, ya tantas veces mencionado, además de las normas procesales vigentes.
<> Lo dicho supone que la autodefensa cede paso a las acciones jurisdiccionales, a la facultad de recurrir a los tribunales de justicia invocando la jurisdicción, tarea de los jueces: resolver cada caso concreto, ritualmente, conforme a Derecho, y dirimiendo el dilema o conflicto, disponer en modo obligatorio su solución. El juez, tercero obligado a la imparcialidad, debe, apoyado en la formalidad, el método y los mecanismos del proceso, superar su ontológica subjetividad.
<> El proceso es un camino predeterminado que busca objetivar, en cuanto humanamente es posible, la decisión del juez. Camino de progreso pues el proceso “procede” sin retorno vía preclusiones y plazos, pero con revisiones, recursos que “recorren” ulteriormente lo actuado, en oportunidades procesales determinadas, en pro de la certeza jurídica y de la justicia del caso. Su material de trabajo son los hechos a definir y valorar en la forma prevista por el ordenamiento jurídico. No obstante ser esto tan obvio, no dejan de presentarse casos en que se pierde el rumbo en normas sin sustento fáctico, sin el piso de realidad en que deben plantarse.
La aplicación de la sanción penal tiene como presupuesto -sine qua non- , la reconstrucción procesal de la verdad alcanzable de los hechos. La historia de las conductas humanas, y de los efectos que ella determina, es siempre más compleja, completa y variada de la que se podrá rehacer, probar, en un proceso. En el proceso los hechos deben vaciarse en procedimientos y formas preestablecidas, en medios de prueba oportunos.
Se debe probar:

  • Que los hechos procesalmente acreditados se encuadran en tipos penales preestablecidos en la ley penal y que corresponden a acciones finalmente dirigidas por el o los encausados;
  • que la realización de esos hechos típicos fue antijurídica, es decir, no armonizada con el ordenamiento jurídico por alguna causa de justificación, como podría serlo la legítima defensa;

  • que, sobre ambos supuestos, es en cada caso atribuible y reprochable a título de culpabilidad la acción criminal al acusado, sea como autor (mediato o directo), instigador, cómplice o encubridor;

  • la valoración de culpabilidad, en cuanto reproche personalísimo debe considerar, como antecedente esencial, la libertad física y moral que tuvo el acusado al momento de realizar la acción típica del caso, y, por ende, la posibilidad de ajustar su conducta a derecho. Quien no tiene opción no decide nada.

El análisis sobre la existencia de la opción, además, debe considerar las particulares capacidades del sujeto y el contexto en que actuó, teniendo como referente al ciudadano normal y no a los héroes. Entre las condiciones personales del sujeto, por cierto, no sólo existe la posibilidad de la docilidad y debilidad de carácter, o la oscuridad de mente, sino, también, la de inferiores o subordinados más inteligentes que sus mandos, desobedientes, “emprendedores” y ambiciosos. Se trata de hechos abordables con el apoyo de las ciencias médica, psicológica e histórica, y que requieren investigación objetiva.
En este ámbito no se pude prejuzgar con simpleza acerca de esa libertad, y, como bien distingue Zaffaroni y detallaremos más adelante, no existen consecuencias automáticas relativas a la culpabilidad en función de la jerarquía o mando imperante entre los sujetos involucrados en un mismo crimen; también un subordinado puede instigar.
Los hechos, entonces, son el fundamento de las valoraciones jurídicas del tribunal. Sin ellos, reconvertidos en pruebas, no se podrá justificar la comisión de un delito, ni evaluar su antijuridicidad, ni menos se podrá acreditar la culpabilidad de los encausados. Y, la verdad histórica es distinta a la verdad procesal.

3 Comments:

At jue. sep. 15, 11:38:00 p. m., Blogger Jorge Gabriel Cruz Armas said...

Bello espíritu docente.

Gracias por palabras otorgadas.

 
At dom. ago. 24, 02:14:00 p. m., Blogger ABovino said...

¿Y cuál es la verdad histórica y cuál la verdad procesal?

Tema interesante, pero me parece un enfoque un tanto ingenuo. La subjetivización de la verdad de las partes no hace "objetiva" la actividad del juez, mucho menos la del fiscal.

La historia nos enseña que ésos presupuestos fueron, precisamente, los que justificaron la más salvaje inquisición.

En un conflicto no hay verdad "objetiva", y la actividad estatal persecutoria no tiene nada de objetiva.

Saludos,

ABovino

 
At vie. oct. 03, 06:33:00 p. m., Blogger jose burgos alfaro said...

Es por ello que Gimeno Sendra dijo que no existe verdad en un proceso. De igual manera ahora con la reforma procesal penal en latinoamerica deberiamos de dejar de hablar de verdades, puesto que un proceso penal solo se discutira sobre las tesis y la antitesis (desarrollado por carnelutti)de lo que el legislador se pronunciara al final del debate (sintesis) plasmada en una resolucion.

 

Publicar un comentario

<< Home