jueves, diciembre 29, 2005

cabalgar el tigre de la judicialización...





(www.psicoter.es/_imgs/tiger)


Existe un resbalín que arrastra desde los medios de comunicación social a la judicialización de la política. De ese resbalin , por simple mecánica, saltamos al de la politización de la justicia.

¿Todo lo deben y lo pueden resolver los tribunales?

¿Los tribunales califican para omniarbitrar el decurso social?

¿No vivimos una judicialización morbosa de la vida social?

¿No debemos diversificar los mecanismos de solución de nuestros conflictos de significación jurídica?

A propósito de estas angustias, propias del actual ciudadano occidental, hace unos 4 años, en La Haya, fui requerida para intervenir en un foro global sobre la corrupción y, revisando las angustias de italianos, españoles, griegos y otros, terminé escribiendo un trabajo que subí en agosto 2005 completo al blog. ¡Un ladrillo!

Observando hechos recientes de nuestro país, creo oportuno insistir en algunas cuestiones bastante permanentes e inquietantes. ¡Háganse un tiempo! Conversemos de esto.

Creo que es oportuno hablar de este asunto porque en Chile, hoy, desde las tarifas de los servicios públicos a la destitución o reincorporación de funcionarios en cargos de la administración del Estado, pasando por el destino de candidaturas políticas, todo pareciera ir a parar a los tribunales ordinarios de justicia. Tengo la impresión de que el público y los denunciantes, con la intermediación de los medios de comunicación social, miran y convocan a los tribunales antes de empezar un juicio (y a menudo sólo en en sus primeros pasos pues después lo olvidan) como al oráculo o a la voz sabia que ha de dictaminar en los términos deseados de modo formalmente perfecto, determinando para la base social quien es bueno y quien es malo, en el fondo, rigiendo la opinión publica.

Así no está bien, ni tanto al poder judicial, ni tan poco. Vale decir, sería bueno que la jurisdicción como tal, y no un poder, hiciera lo necesario en el modo debido y con total independencia de los intereses en conflicto. Mas, ¿qué es lo necesario?, ¿cual es el modo debido?, ¿cómo debe conformarse ese poder judicial asegurando su independencia?, ¿quienes deberían llegar a poseer el poder demoledor del dictamen?, ¿que asuntos deben serle sometidos?, ¿cual es la oportunidad neutral y no con segundos fines para desatar el mecanismo de la acusación judicial?, ¿como liberar esa necesaria función pública del uso político o de poderes que de él se pretende?

Y no se trata sólo del poder del dictamen final y de fondo, el que afectará algún día a las partes del juicio. Puede apreciarse, a simple vista, que varias acciones judiciales operan a modo de presión, de amenaza, y articulan el poder del eventual veredicto (pre anunciado) como fuerte inhibición que empieza a golpear desde que se anuncia el mecanismo judicial, con el apoyo de los medios de comunicación social. Pareciera que la invocación a los tribunales reemplazara, en estos días, a las viejas ordalías con la particularidad de que ahora todo es algo más virtual y ya alguien se puede dar por liquidado antes de caminar por las brazas, bastando el anuncio.

Semejante poder de acción sobre la conciencia ciudadana debería “netearse” . Debemos aprender a no “usar” la jurisdicción como poder judicial según nos urja, sea legítima esa urgencia o no.

La promiscuidad imperante entre lo administrativo y lo jurisdiccional, la inobservancia de las reglas constitucionales de estructura y competencia, no nos hacen bien en el período tormentoso de la civilización moderna en que las democracias de grandes masas no encuentran el equilibrio que les asegure, en cuanto masa de ciudadanos (y no necesariamente grupos de lobby) una real participación en la gestión del Estado. Entre otros temas que van pareciendo urgentes al respecto, está la primacía que debiera tener la separación del interés público del privado, más allá de la tradicional separación ( formal) de los poderes públicos. Y lo más importante, desjudicializar el país, abrir otros y más modernamente democráticos mecanismos alternativos de solución de conflictos, como las mediaciones, los arbitrajes, las conciliaciones y todos aquellos procedimientos en que el conocimiento profundo de los hechos y la participación de los directos involucrados aseguran más realidad y verdad, y obstaculizan segundos fines que buscan instrumentalizar los conflictos, sobre todo en perspectiva de política contingente. ¡Cada violación, fraude, asalto probado o no probado ahora impacta directamente a los más diversos candidatos, en su postulación, en su cartilla o en su futuro! ¿Será bueno? ¿No será mejor buscar estructuralmente la salvaguardia de la neutralidad total de la jurisdicción?

No es bueno que omita en este asunto un nexo de lo anteriormente dicho con la corrupción, que tanto nos aterra como tema de moda:

Hay en toda la problemática esbozada bases estructurales promisorias para la corrupción, y no para aquella obvia que todos visualizamos en el pequeño funcionario(a) que por algunos dineros, guiñó un ojo, alargó la manga y abrió la palma de su mano.

La corrupción es un problema cultural, más amplio, más hondo, menos ligado a las monedas y bastante más ligado a mecanismos de poder fundados en intereses materiales ( no sólo monetarios y no sólo directos), en ideologías y en visiones del mundo y, más frecuentemente de lo que se piensa, en afectos y círculos de amistad. ¡Cuántas normas y necesidades objetivas se saltan después de un buen asado!

De ser verdaderas estas mal pensadas "intuiciones", las soluciones posibles deben buscarse, más que nada, en la educación formal e informal de los ciudadanos, desde su infancia y de modo permanente y coherente. Buscar clavar en la conciencia de todos que más vale el esfuerzo que la ventaja, que es mejor amiga de las mayorías la transparencia que la reserva calculada. Mucho habría que dedicar a redefinir, por ejemplo, lo que es un actuar políticamente adecuado ( cuando decimos de una persona que “no es política” casi siempre en realidad estamos diciendo que no es lo suficientemente mañosa).

Según lo dicho, la corrupción, como fenómeno, parece superar la simple tipificación de nuevos delitos (circunstancialmente subrayados por la opinión pública) o la elevación de las correspondientes penas. Creo, más bien, que obliga a indagar en las debilidades estructurales de la democracia cobijadas por un, tal vez, adolescente sentido de la libertad, una invocación a la libertad que suele arrasar con el debido respeto a un prójimo menos potente, menos comunicacional, o menos organizado y carente del poder de “lobbear”.

Sin embargo, en casi todos los países de Latinoamérica, como en el nuestro, existen propuestas de aumentar el nivel de represión penal, soluciones simplistas y desconcertantes, ya que recurren como salvavidas a entidades sobre las que pesan verdaderas o falsas sospechas de corrupción, y todos nos quedamos en las ramas, en los síntomas. Las leyes, claro está, son necesarias, incluidas las penalizantes, pero debemos precavernos de la inflación legislativa como obligada respuesta a las presiones de intereses sectoriales y corporativos. Por ese camino las leyes van perdiendo la generalidad y abstracción que les son de esenciales y proliferan las leyes-medida para grupos de interés, partidos y para algunas personas mejor relacionadas que el común de los mortales.

Y con esas leyes, con ese entorno, saltamos al otro resbalín y pasamos la última palabra a los tribunales de justicia, al oráculo que, además de vaticinar hasta cuando calla, en silencios significativos, dictamina en modo irremediable. A menudo olvidamos, al leer o escuchar sus veredictos y opiniones, que la integración del ente judicial no ha sido ajena al fenómeno político ni al mediático.

Temo que vivimos en el reino de las apariencias.

Por eso creo que, para nuestro mejor futuro, es necesario tener en cuenta que, en un Estado corrupto (definición que nos aterra), las normas pueden ser mañosamente provocadas y, detrás de éstas, varios dictámenes judiciales no pasan de ser una formalidad bien construida, además de expresión un poder judicial al que lo hemos hecho sentirse (¿y porque no?) la última palabra, el poder dirimente en todos los ámbitos, más allá de las partes. Es la judicialización de la política y de la toda la vida social, como consecuencia simplista de un mal entendido Estado de Derecho.

Tal vez lo expuesto a gruesas pinceladas no es ameno, no es "político", no es para esperar sonrientes (como vimos a tantos candidatos) el año que viene, pero me preocupa, y mucho. Como una pesada Casandra veo en ésto un gran riesgo para el futuro de la democracia, hay en esos procederes negación profunda de los principios y valores que llamamos democráticos, tras apariencias bien armadas que logran hacer ignorar hechos sustanciales perversos.

Lo dicho, que puede ser tiladado de antidemocrático, me obliga a reiterar que creo que nada mejor que la democracia se ha inventado hasta ahora para regir las sociedades y que, más bien, debemos entrenarnos mejor para las duras pruebas a que empuja el aire fuerte de la libertad humana. La democracia no facilita ni ampara la corrupción, al contrario, por sí misma, es mejor antídoto que los sistemas autoritarios que logran enterrar el conocimiento mismo de la existencia de la corrupción, además de limitar los derechos a la vida y la libertad de las personas.
Pero debemos hacernos duchos en “cabalgar sobre el tigre” y cuidar al Estado de Derecho, pedir más sustancia, mas transparencia y menos apariencias. Y por cierto, democratizar la jurisdicción diversificándola y no amurallándola, otorgando más participación a los involucrados en los conflictos de trascendencia jurídica.

4 Comments:

At vie. dic. 30, 01:59:00 p. m., Blogger sergio said...

Estimada Clara, certero el diagnóstico y con una tremenda claridad en la exposición. Adelante siga que a la larga la van a oir y le van a hacer caso, hacen falta líderes como usted.
Agradecido y Feliz 2006

 
At vie. dic. 30, 03:58:00 p. m., Blogger MARIA DE LA CUADRA said...

Clara estoy en un todo de acuerdo con lo que nos planteas en tu artículo.

 
At sáb. dic. 31, 11:59:00 a. m., Blogger Olie said...

Feliz 2006.
Comparto sus acertadas apreciaciones...
Tal vez si alguna vez se instalan los Tribunales Contencioso-Administrativos, pueda canalizarse la marea actual.
Ello reduciría el número de recursos de protección, interpuestos sólo "para la foto".
Un abrazo:
Olie

 
At vie. ene. 06, 08:59:00 a. m., Blogger volkgeist said...

Es valioso su parecer escrito, ya que hace oficial lo que de antaño se viene estableciendo, y que algunos, a través del tiempo, han logrado detectar y comunicar a su sociedad temporal.
Creo que estamos con una muy buena carga de tiempo histórico, para sacar las conclusiones precisas de la historia más clara --la de los datos jurídico-judiciales y de las razones de las personas que conocen al tigre y su hábitat--, que nos haga avanzar en el perfeccionamiento de lo que queremos por democracia republicana chilena.

Salud y prosperidad en el amor.

Atentamente, JG

 

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